Este post apunta a dar cuenta de algunas de las características,
continuidades y cambios del modelo productivo consolidado en Ingeniero White a
partir de los años noventa. Como tal, recupera aspectos y extiende el análisis
iniciado en entradas anteriores (1) en torno a cuestiones que nos ocupan desde
hace rato y que subyacen, en cierta forma, a muchas de las actividades que nuestro museo
ha encarado en el último tiempo. (2)
Luego de una caracterización general (punto 1), nos preguntaremos cómo
se reparte la riqueza generada por los complejos agroexportador y petroquímico
asentados en este puerto (ítems 2 y 3), señalaremos algunos hitos en la historia
del polo (punto 4), para considerar por último el impacto de las políticas de
responsabilidad social empresaria en la comunidad local (punto 5) en el marco
más amplio de lo que algunos autores llaman el “modelo (neo)extractivista” (punto 6).
1. LA GRAN TRANSFORMACIÓN
En poco más de 10 años, en el lapso, si se quiere breve, que va de principios de la década del 90 al comienzo del nuevo siglo, Ingeniero White cambió y mucho. Cambió el ferrocarril, cambiaron el puerto y sus industrias, y como consecuencia de ello, también la vida de quienes habitamos en este lugar.
Es frecuente asociar aquellos años, y este museo ha colaborado para ello, con la desaparición de todo un orden productivo: reducción de los ferrocarriles, reestructuración del puerto, despido de miles de trabajadores, fin del Estado social y empresario... pero menos habitual resulta entender que la destrucción de aquel mundo implicaba, al mismo tiempo, la construcción de otro. Uno en el que la relación entre capital y trabajo, entre industria, población y medio ambiente, sufría una transformación drástica, al ritmo de mutaciones que excedían por mucho los límites de la localidad, de la región, del país, para poner en juego a la vuelta de la esquina dinámicas de alcance global que están en la base de nuestra realidad presente.
Ese vasto cambio de época que a vuelo de pájaro solemos caracterizar haciendo referencia al fin del Estado de bienestar, a la crisis de la sociedad del trabajo, a la inserción creciente de la ciencia y la técnica en los procesos productivos, a la mundialización de los flujos comerciales y financieros, tuvo en Ingeniero White hitos precisos: disolución de la Junta Nacional de Granos (1992), privatización del Ferrocarril Nacional General Roca (1991), reorganización del puerto como un ente autónomo (1992/3), privatización y ampliación del complejo petroquímico (1995/2000), radicación de empresas agroexportadoras de origen transnacional. (3)
La reconfiguración de aquel viejo orden dió lugar a nuevas formas de riqueza y de miseria, a nuevas maneras de repartir los beneficios y los costos derivados de la actividad económica en la zona, pero también a nuevos conflictos y modos de responder a ellos, en este nuevo siglo, por parte de las empresas y del Estado. La ampliación del polo petroquímico insumió, durante la segunda mitad de la década del '90, una inversión global de alrededor de 2.000.000.000 de dólares. Semejante cifra no fue destinada, sin embargo, al financiamiento exclusivo de edificios, equipos, insumos y salarios. En ese montón de plata hay que contar, además, los costos derivados de la puesta en marcha de un dispositivo que no existía con anterioridad a la privatización de estas empresas. Un artefacto complejo, hecho de articulaciones múltiples, en ocasiones sutiles, que tiene por función ya no la producción de polietileno, urea o soda caústica, sino de palabras, imágenes y acciones coordinadas en el campo de los medios, de la cultura, de la sociedad civil, sin las cuales el normal desenvolvimiento de la primera producción se vería seguramente dificultado.
Por cierto “vecinos”, “comunidad”, “organización”, no son solo palabras clave para nuestros museos estatales. Enseñando a conducir, a tirar la basura, a plantar árboles, “acercando la cultura a la gente”, financiando la obra pública o colaborando para organizar a las instituciones según criterios empresariales, las empresas se convierten en fábricas de civilidad. Factorías del lazo social destinadas a desactivar, o al menor a acotar, el descontento que su propio funcionamiento material genera. Un resultado no menor de dicha actividad es la percepción mayoritaria de que el presente modelo productivo es un “dato duro” de la realidad. Es decir, parte de nuestra naturaleza y destino, algo que ni siquiera podemos pensar en modificar.
2. AL GRANO
En poco más de 10 años, en el lapso, si se quiere breve, que va de principios de la década del 90 al comienzo del nuevo siglo, Ingeniero White cambió y mucho. Cambió el ferrocarril, cambiaron el puerto y sus industrias, y como consecuencia de ello, también la vida de quienes habitamos en este lugar.
Es frecuente asociar aquellos años, y este museo ha colaborado para ello, con la desaparición de todo un orden productivo: reducción de los ferrocarriles, reestructuración del puerto, despido de miles de trabajadores, fin del Estado social y empresario... pero menos habitual resulta entender que la destrucción de aquel mundo implicaba, al mismo tiempo, la construcción de otro. Uno en el que la relación entre capital y trabajo, entre industria, población y medio ambiente, sufría una transformación drástica, al ritmo de mutaciones que excedían por mucho los límites de la localidad, de la región, del país, para poner en juego a la vuelta de la esquina dinámicas de alcance global que están en la base de nuestra realidad presente.
Ese vasto cambio de época que a vuelo de pájaro solemos caracterizar haciendo referencia al fin del Estado de bienestar, a la crisis de la sociedad del trabajo, a la inserción creciente de la ciencia y la técnica en los procesos productivos, a la mundialización de los flujos comerciales y financieros, tuvo en Ingeniero White hitos precisos: disolución de la Junta Nacional de Granos (1992), privatización del Ferrocarril Nacional General Roca (1991), reorganización del puerto como un ente autónomo (1992/3), privatización y ampliación del complejo petroquímico (1995/2000), radicación de empresas agroexportadoras de origen transnacional. (3)
La reconfiguración de aquel viejo orden dió lugar a nuevas formas de riqueza y de miseria, a nuevas maneras de repartir los beneficios y los costos derivados de la actividad económica en la zona, pero también a nuevos conflictos y modos de responder a ellos, en este nuevo siglo, por parte de las empresas y del Estado. La ampliación del polo petroquímico insumió, durante la segunda mitad de la década del '90, una inversión global de alrededor de 2.000.000.000 de dólares. Semejante cifra no fue destinada, sin embargo, al financiamiento exclusivo de edificios, equipos, insumos y salarios. En ese montón de plata hay que contar, además, los costos derivados de la puesta en marcha de un dispositivo que no existía con anterioridad a la privatización de estas empresas. Un artefacto complejo, hecho de articulaciones múltiples, en ocasiones sutiles, que tiene por función ya no la producción de polietileno, urea o soda caústica, sino de palabras, imágenes y acciones coordinadas en el campo de los medios, de la cultura, de la sociedad civil, sin las cuales el normal desenvolvimiento de la primera producción se vería seguramente dificultado.
Por cierto “vecinos”, “comunidad”, “organización”, no son solo palabras clave para nuestros museos estatales. Enseñando a conducir, a tirar la basura, a plantar árboles, “acercando la cultura a la gente”, financiando la obra pública o colaborando para organizar a las instituciones según criterios empresariales, las empresas se convierten en fábricas de civilidad. Factorías del lazo social destinadas a desactivar, o al menor a acotar, el descontento que su propio funcionamiento material genera. Un resultado no menor de dicha actividad es la percepción mayoritaria de que el presente modelo productivo es un “dato duro” de la realidad. Es decir, parte de nuestra naturaleza y destino, algo que ni siquiera podemos pensar en modificar.
2. AL GRANO
Seis grandes empresas transnacionales conforman el complejo agroindustrial radicado en este puerto: Terminal Bahía Blanca, Cargill, Moreno, Los Grobo, Toepfer y Louis Dreyfus Commodities. A través de las terminales de estas compañías se exporta el 20% de la producción del agro de nuestro país. Así se explica que durante el 2011 por Ingeniero White hayan circulado 8 millones de toneladas de granos, que llegaron hasta acá sobre 60.000 vagones y 170.000 camiones (4), y fueron exportados por medio de más de 400 barcos que partieron navegando a través de los 45 pies de calado del canal principal de la ría. (5)
Mucho es lo que llega. Mucho también es lo que se va. Pero mientras la franja industrial que se erige entre ciudad y mar continúa extendiéndose, resulta difícil saber cuánta es la riqueza que en concreto queda para la ciudad como resultado de todo este proceso. Para avanzar en ese cálculo, es preciso tomar en cuenta la remuneración al trabajo y el pago de tasas municipales, es decir, los flujos de dinero que parten de las empresas y van hacia los trabajadores y el municipio. En cambio, no se consideran las remuneraciones al factor capital porque los accionistas se encuentran fuera de la ciudad. La remuneración al capital es plata que sale de Bahía Blanca hacia el lugar donde residen los dueños de las empresas.
De este cálculo resulta que de la riqueza generada en las empresas del complejo agroindustrial durante el año 2009 (244 millones de pesos), 34 millones fueron para los trabajadores y 1.5 millones para el municipio. Es decir, la riqueza generada en Toepfer, Terminal Bahía Blanca, Cargill, Moreno y Los Grobo se repartió de la siguiente manera: los trabajadores recibieron el 14% y el municipio el 1%. Gran parte del 85% restante se lo llevaron los dueños de las empresas. (6)
Poco es lo que reciben los trabajadores porque escasa es la mano de obra que estas compañías, con procesos de producción altamente automatizados, necesitan para funcionar, luego de concluidas las obras necesarias para su instalación. Según datos también del 2009, las empresas del actual complejo cerealero emplean de manera directa alrededor de 400 personas. Número sensiblemente menor a los más de 1000 trabajadores que supo emplear hacia los ´60 la Junta Nacional de Granos, hoy Terminal Bahía Blanca, luego de ser privatizada y pasar a estar bajo control de la compañía global de agronegocios Bunge, en 1993.
Si ponemos estos 400 empleos directos en relación con el total de empleos que hay en la ciudad de Bahía Blanca, podemos decir que sólo el 0,3% corresponden a las empresas cerealeras. En efecto, de cada 1000 personas que trabajan en Bahía Blanca, sólo 3 lo hacen de forma directa en el complejo agroindustrial.
¿Qué ha cambiado en Ingeniero White desde la construcción del primer muelle de hierro por parte de la Compañía Ferrocarril del Sud hasta hoy? ¿Qué se ha transformado desde entonces hasta este momento en que Toepfer está construyendo un nuevo muelle, Louis Dreyfus Commodities comenzó a operar recientemente en su propia terminal cerealera y se proyectan nuevas ampliaciones del área industrial? No cabe duda de que muchas cosas ya no son lo que eran. Pero lo que parece no haber cambiado es el arribo incesante de granos desde los campos de la pampa para ser exportados por las aguas de la ría hacia algún país más o menos lejano, y la profecía de algunos sectores de que este proceso supone, contra toda evidencia, el bienestar y la prosperidad infalible del conjunto de la sociedad que lo sostiene.
3. PLATA Y POLO
El Polo Petoquímico local está compuesto por seis grandes empresas: Dow Argentina, Solvay Indupa, Compañía Mega, Profertil, TGS y Petrobras. (7) En Bahía Blanca se produce más del 60% del total de los productos petroquímicos elaborados en el país. Del total de las exportaciones argentinas de esta clase, más del 50% corresponde a empresas del polo local, alcanzando en el año 2008 alrededor de 600 mil toneladas, por un valor cercano a los 640 millones de dólares.
Estas cifras destacan la importancia del complejo asentado en Ingeniero White en relación a la industria petroquímica nacional. Grandes números que suelen promocionarse con fervor, pero que contrastan con los porcentajes de riqueza que, al cabo del proceso, quedan en concreto en nuestra ciudad.
Dow Argentina, Solvay Indupa, Compañía Mega y Profertil, asociadas a partir de 2001 en la Asociación Industrial Química Bahía Blanca (AIQBB), emplearon en 2009 de forma directa a 1130 personas. Si ponemos en relación este número con el total de empleos en la ciudad durante el mismo periodo, se advierte que solo el 0,9% de los ocupados bahienses fueron contratados de manera directa por las mencionadas compañías. En efecto, de cada 1000 personas que trabajan en Bahía Blanca, sólo 9 lo hacen en el polo. Incluso si tenemos en cuenta los 2000 empleos indirectos que generan estas empresas, el porcentaje no varía de manera rotunda. Pasa del 0,9% al 2,5%.
La riqueza generada por las empresas de la AIQBB durante el año 2009 se repartió de la siguiente forma: los trabajadores recibieron el 6%, el municipio recibió el 0,50% y los dueños de las empresas se llevaron el 93,5%. (8)
empleos directos
|
1130
|
empleos en Bahía Blanca
|
124.000
|
empleos directos / empleos en Bahía Blanca
|
0,90%
|
aporte directo
|
|
Remuneraciones
|
172 millones de pesos
|
Tasas
|
15 millones de pesos
|
aporte directo
|
187 millones de pesos
|
valor agregado
|
2900 millones de pesos
|
aporte directo / valor agregado
|
6,50% (6% empleados, 0,50% municipio)
|
Entre lo que queda en la ciudad, también podríamos considerar lo que las
empresas destinan a sus programas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
Los datos de los que disponemos al respecto corresponden a Dow y, aunque se
refieren al total de lo que dicha compañía denomina como “inversión social” en
toda la Argentina, la mayor parte pertenece a Bahía Blanca, por encontrarse
ubicado aquí su principal complejo productivo. En relación a la utilidad, en
2009 la inversión social representó el 0,7%. En 2010, en cambio, dicho
porcentaje disminuyó al 0,3%. Es decir, por cada 1000 dólares que se llevaron
los accionistas, sólo 3 se destinaron a programas de RSE.
De este modo, del 2009 al 2010, mientras la utilidad creció un 219%, la inversión social se redujo al 2%. Y si a la inversión social la ponemos en relación con las ventas netas, el porcentaje asignado se reduce a un exiguo 0,04 %. Veremos sin embargo cómo este porcentaje resulta clave en el sostenimiento del conjunto.
De este modo, del 2009 al 2010, mientras la utilidad creció un 219%, la inversión social se redujo al 2%. Y si a la inversión social la ponemos en relación con las ventas netas, el porcentaje asignado se reduce a un exiguo 0,04 %. Veremos sin embargo cómo este porcentaje resulta clave en el sostenimiento del conjunto.
2009
|
2010
|
|
Ventas netas
|
1436,3 millones US$
|
1607,7 millones US$
|
Utilidad
|
85 millones US$
|
185,8 millones US$
|
Inversión social
|
620.682 US$
|
610.706 US$
|
Inversión social / Utilidad
|
0,7%
|
O,3%
|
Inversión social / Ventas netas
|
0,04%
|
0,04%
|
4. DE "POLO DE CRECIMIENTO" A "ECONOMIA DE ENCLAVE"
El
surgimiento del polo petroquímico hacia fines de los años ´60 debe ser
entendido en el marco de una profundización de la política económica nacional
de industrialización sustitutiva de importaciones. Su localización en Bahía
Blanca respondió en principio a la relativa proximidad de materias primas (en
especial, de gas natural proveniente de la patagonia, el insumo básico del complejo)
y a la existencia de un puerto de aguas profundas y de una importante red
ferroviaria y vial. Sin embargo, no fueron estas las únicas consideraciones que
se tuvieron en cuenta a la hora de ubicar el complejo en nuestra ciudad: en
1968, el Consejo Nacional de Desarrollo declaró al partido de Bahía Blanca
“Polo de Crecimiento Provincial N°1 de la Región del Comahue”. Esta medida, que
impulsó la realización de otras inversiones en el área portuaria, como la
construcción del elevador de granos número 5 y la ampliación del muelle de
carga general, propició también el inicio de la construcción de industrias petroquímicas
en nuestra ciudad.
La implantación del complejo surgió fundamentalmente de una decisión del gobierno nacional. Odisio plantea que “ello obedecía al paradigma reinante en la posguerra, el `funcional´, que tenía como objetivo la `promoción industrial´ de las regiones rezagadas impulsada desde la administración central del Estado (es decir, de arriba hacia abajo) para lograr polos de crecimiento, jerarquizados y fuertemente controlados.” Por detrás del impulso del Estado al proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, se encontraba la noción de que “dado que el crecimiento económico no se propaga de manera geográficamente uniforme o entre sectores, para lograr el desarrollo era necesario implantar empresas (industriales sobre todo) que motorizaran ese proceso volcando externalidades positivas al resto de los actores regionales”. (9) Por lo que, si bien no fue el factor decisivo, se esperaba que la implantación del complejo petroquímico tuviera un impacto económico marcado sobre el espacio local.
Sin embargo, debido a los vaivenes de la historia política y económica argentina, el funcionamiento pleno del polo fue administrado por el Estado durante un lapso relativamente breve de tiempo. La puesta en marcha de todas las plantas del complejo se produjo recién en 1986, y ya en 1990 comenzó a modificarse su esquema organizativo, con la venta a privados de sus plantas satélites. Finalmente, hacia fines de 1995, el complejo fue privatizado en su totalidad, quedando bajo control de grandes empresas transnacionales que impulsaron la ampliación de su capacidad productiva. Desde entonces, la dinámica de acumulación que adoptó el complejo no hizo más que acrecentar el flujo de dinero que se canaliza hacia afuera de la ciudad y del país. “Entre 2000 y 2002 (con la entrada de la compañía separadora de gases MEGA), el valor agregado por las cuatro empresas principales del complejo se quintuplicó, mientras los beneficios recibidos por los trabajadores creció el 25%. A su vez, en un lapso de apenas 5 años (entre 2002 y 2005), el valor agregado total creció un 233% mientras que lo que quedó en la región apenas se incrementó en un 17%”. (10)
Fue así que el polo terminó por adquirir el carácter de una "economía de enclave" en tanto emplea una cantidad limitada de mano de obra, tiene escasa capacidad para generar encadenamientos productivos a nivel regional y transfiere al exterior ganancias cuantiosas. (11) Pero el concepto de "enclave", cerrado en relación al entorno inmediato pero no a las dinámicas globales del capital, sólo es aplicable en términos económicos. Al mismo tiempo que genera una incidencia en la economía local menos significativa de la que aparenta, el complejo industrial produce un alto impacto socioambiental, ya que, por un lado, consume de modo intensivo bienes comunes como el gas y el agua potable, al tiempo que ocupa buena parte del territorio costero antes dedicado a la recreación, y por el otro, sus desechos y accidentes (escapes, explosiones), generan constante incertidumbre con respecto a la contaminación del aire, de las aguas del estuario y de los suelos, comúnmente asociados, sin que esto pueda darse por comprobado, a la crisis de la pesca artesanal, al deterioro de las viviendas e incluso a problemas de salud de la población. (12)
La implantación del complejo surgió fundamentalmente de una decisión del gobierno nacional. Odisio plantea que “ello obedecía al paradigma reinante en la posguerra, el `funcional´, que tenía como objetivo la `promoción industrial´ de las regiones rezagadas impulsada desde la administración central del Estado (es decir, de arriba hacia abajo) para lograr polos de crecimiento, jerarquizados y fuertemente controlados.” Por detrás del impulso del Estado al proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, se encontraba la noción de que “dado que el crecimiento económico no se propaga de manera geográficamente uniforme o entre sectores, para lograr el desarrollo era necesario implantar empresas (industriales sobre todo) que motorizaran ese proceso volcando externalidades positivas al resto de los actores regionales”. (9) Por lo que, si bien no fue el factor decisivo, se esperaba que la implantación del complejo petroquímico tuviera un impacto económico marcado sobre el espacio local.
Sin embargo, debido a los vaivenes de la historia política y económica argentina, el funcionamiento pleno del polo fue administrado por el Estado durante un lapso relativamente breve de tiempo. La puesta en marcha de todas las plantas del complejo se produjo recién en 1986, y ya en 1990 comenzó a modificarse su esquema organizativo, con la venta a privados de sus plantas satélites. Finalmente, hacia fines de 1995, el complejo fue privatizado en su totalidad, quedando bajo control de grandes empresas transnacionales que impulsaron la ampliación de su capacidad productiva. Desde entonces, la dinámica de acumulación que adoptó el complejo no hizo más que acrecentar el flujo de dinero que se canaliza hacia afuera de la ciudad y del país. “Entre 2000 y 2002 (con la entrada de la compañía separadora de gases MEGA), el valor agregado por las cuatro empresas principales del complejo se quintuplicó, mientras los beneficios recibidos por los trabajadores creció el 25%. A su vez, en un lapso de apenas 5 años (entre 2002 y 2005), el valor agregado total creció un 233% mientras que lo que quedó en la región apenas se incrementó en un 17%”. (10)
Fue así que el polo terminó por adquirir el carácter de una "economía de enclave" en tanto emplea una cantidad limitada de mano de obra, tiene escasa capacidad para generar encadenamientos productivos a nivel regional y transfiere al exterior ganancias cuantiosas. (11) Pero el concepto de "enclave", cerrado en relación al entorno inmediato pero no a las dinámicas globales del capital, sólo es aplicable en términos económicos. Al mismo tiempo que genera una incidencia en la economía local menos significativa de la que aparenta, el complejo industrial produce un alto impacto socioambiental, ya que, por un lado, consume de modo intensivo bienes comunes como el gas y el agua potable, al tiempo que ocupa buena parte del territorio costero antes dedicado a la recreación, y por el otro, sus desechos y accidentes (escapes, explosiones), generan constante incertidumbre con respecto a la contaminación del aire, de las aguas del estuario y de los suelos, comúnmente asociados, sin que esto pueda darse por comprobado, a la crisis de la pesca artesanal, al deterioro de las viviendas e incluso a problemas de salud de la población. (12)
5. LA COMUNIDAD EN CUESTION
Los números del sector agroexportador y del sector petroquímico nos ayudan a dimensionar los modos en que se reparten hoy los beneficios y los perjuicios derivados del modelo productivo implantado en este puerto en los años 90. La riqueza nunca es "abstracta". (Si estas cifras lo parecen, ¿será porque, de todo ese dinero que contabilizan, poco queda por acá?). De hecho, en torno a estos números se articula toda una historia de demandas por parte de distintos sectores de la comunidad. Whitenses y bahienses están lejos de resultar actores secundarios de un proceso que, iniciado hace dos décadas, ha generado en el tiempo distintos conflictos, distintos modos de expresar reclamos y reivindicaciones, y distintas maneras de responder a ellos por parte de las compañías y del propio Estado.
Los números del sector agroexportador y del sector petroquímico nos ayudan a dimensionar los modos en que se reparten hoy los beneficios y los perjuicios derivados del modelo productivo implantado en este puerto en los años 90. La riqueza nunca es "abstracta". (Si estas cifras lo parecen, ¿será porque, de todo ese dinero que contabilizan, poco queda por acá?). De hecho, en torno a estos números se articula toda una historia de demandas por parte de distintos sectores de la comunidad. Whitenses y bahienses están lejos de resultar actores secundarios de un proceso que, iniciado hace dos décadas, ha generado en el tiempo distintos conflictos, distintos modos de expresar reclamos y reivindicaciones, y distintas maneras de responder a ellos por parte de las compañías y del propio Estado.
La movilización ante los escapes de cloro y amoníaco en el año 2000, las protestas derivadas de la crisis de la pesca artesanal (2001-2009) y el movimiento asambleario contra la extensión del dragado del canal principal de la ría hacia la zona de General Daniel Cerri (2010-2012), son ejemplos contundentes al respecto. También lo es la vasta operación de ingeniería social y cultural que las empresas por separado, de manera conjunta, y en acuerdo con distintos estamentos del Estado, han implementado en el área de los medios de comunicación (13), la educación, la actividad cultural y la gestión de problemas públicos y comunitarios, en función de volver su doble contabilidad de ganancias y daños no sólo un hecho aceptable sino incluso deseable, ineludible a la hora de concebir el sostenimiento y la prosperidad de este sitio.
El punto es que los cambios que vivió Ingeniero White a partir de la década del noventa no sólo modificaron la relación de los vecinos con el espacio que habitan, sino su propia manera de entender y organizar la comunidad que constituyen, en la medida en que dicha comunidad es a su vez constituida por la intervención activa de las políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en la dinámica de la mayoría de las organizaciones vecinales de la localidad. Antes que ajeno, el origen de nuestro propio museo resulta un caso testigo de este proceso. (14) Si, por un lado, un simple repaso al pasado whitense vuelve inconcebible, antes como ahora, la idea de una comunidad aislada de las idas y vueltas de la historia de la ciudad, del país y del mundo, también resulta evidente que en las últimas décadas el vínculo entre comunidad, capital y Estado ha variado su eje y complejizado sus formas. Allí donde la cuestión del trabajo, mediada por cámaras patronales, oficinas estatales y sindicatos, estaba en el centro de los consensos y conflictos de otras épocas, la imbricación cotidiana de los departamentos de relaciones públicas de las compañías con las sociedades de fomento, las cooperadoras y los clubes de este pueblo, sugiere que es la propia vida de la comunidad, y no solo ya la de sus trabajadores -necesarios en menor cantidad para la operatoria portuario industrial-, la que se encuentra hoy en el centro de la escena. Afirmar esto no supone poner en duda las buenas intenciones de fomentistas, funcionarios corporativos y estatales. Tampoco se trata de asumir entre unos y otros lazos de subordinación directa, al margen de astucias y discusiones. En ese mismo contexto nos movemos. Y, demás está decir, ninguna de las mejoras para la población obtenidas por vía de las ayudas del "sector privado" puede considerarse poco relevante. Pero su importancia es tan difícil de soslayar como lo son los límites a los reclamos que a través de ellas se consolidan. Al mismo tiempo que atienden a esta o aquella necesidad, las ayudas privadas directas o indirectas, están destinadas a sancionar un orden con jerarquías claras, en el que existen reclamos "viables" e "inviables", modos "correctos" e "incorrectos" de plantearlos, e interlocutores "válidos" o "inválidos" ante el poder económico y político.
Documentar en forma pormenorizada este proceso resulta, en buena medida, una tarea pendiente. Aquí bocetamos apenas algunos hitos de su evolución. Hasta mediados de los años noventa, momento de su privatización completa, las compañías petroquímicas o bien no contaban con áreas de relaciones públicas o el rol de las mismas era acotado. Es en el organigrama de las empresas en poder de capitales trasnacionales que las oficinas encargadas de atender la relación con la comunidad comienzan a tomar protagonismo. Un hecho que caracteriza el mencionado paso a manos privadas es la adopción, en 1995, del proceso APELL, un programa de las Naciones Unidas de "concientización y preparación" de la comunidad para "manejar efectivamente los accidentes y evitar que se transformen en catástrofes". Cinco años más tarde, serían justamente dos accidentes que solo la dirección del viento no transformó en catástrofes, los que cambiarían la relación entre comunidad, capital y Estado. Los escapes de cloro en Solvay y de amoníaco en Profertil, sucedidos en agosto y septiembre de 2000, desencadenaron un movimiento de protesta, con acampes en los portones de acceso a las propias compañías, que determinó la sanción, en noviembre de ese mismo año, de la Ley Provincial 12530, por la que el control de la actividad industrial pasó de la órbita provincial a la municipal, creándose el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) e imponiéndose una "tasa ambiental" a la actividad petroquímica para financiar al nuevo organismo. (15) Del intento de concientizar a la comunidad acerca de riesgos industriales que debían darse por asumidos, se pasaba a discutir acerca de las posibilidades de control efectivo de las compañías e incluso, aunque hoy parezca extraño, sobre su lisa y llana reubicación. De allí que la protesta impulsara también, del lado corporativo, la creación de la AIQBB y con ella, el inicio de acciones coordinadas entre las empresas del polo en función, entre otras cosas, de "mejorar la convivencia" en un momento crítico de la relación.
El comienzo del nuevo siglo resultaba difícil para Ingeniero White
también en otros aspectos. La crisis ambiental local coincidió con la crisis
económica nacional que derivó en el derrumbe del gobierno de la Alianza a fines
de 2001. Dicha situación fue determinante para el establecimiento de un nuevo
giro en el vínculo entre vecinos e industrias: plazas, bicisendas,
talleres de capacitación, medicamentos, fue lo que el consorcio
industrial ofreció a una población llena de carencias en momentos en que un
Estado desintegrado no daba respuestas. Una de las acciones pioneras en tal sentido fue el programa SOLES
(Solidaridad Empresaria en las Escuelas de Ingeniero White), que consistió en un
comienzo en la provisión por parte de las empresas de un complemento
alimentario para los alumnos de los establecimientos educativos de la
localidad. Junto con la “copa de leche”, llegaron luego a las escuelas
estatales los talleres de química, los sitios de confinamiento, los barbijos y
los simulacros para entrenar la “adecuada respuesta” de chicos y jóvenes ante
posibles accidentes industriales. (16)
Más cerca en el tiempo, y en correlato con la recuperación económica del
país, el otro hito ineludible en esta somera historia es la firma, en
septiembre de 2010, del "Plan Director para la Localidad de Ingeniero
White" refrendado entre el municipio, el Consorcio de Gestión del
Puerto de Bahía Blanca, el Consorcio del Parque Industrial y las
compañías YPF, Dow Argentina, Profertil, Solvay Indupa, Mega, Cargill,
Terminal Bahía Blanca, Oleaginosa Moreno Hnos., Patagonia Norte, Louis Dreyfus
Commodities, Toepfer International, Bahía Petróleo, Central Térmica Piedra
Buena y Petrobras. Al menos dos rasgos distinguen al Plan Director de
iniciativas anteriores. En primer lugar, se trata de la primera acción
destinada al conjunto de la comunidad local, concertada por la gran mayoría de
las empresas radicadas en este puerto y por un importante número de
organizaciones intermedias. En segundo, el Estado municipal, hasta ese momento abocado
a funcionar, a través del CTE, como órgano de control de las compañías,
asume además el papel de gestor de fondos provenientes de las mismas empresas
cuyo desempeño debe fiscalizar, convirtiéndose así en un mediador entre el
sector privado y las organizaciones de la comunidad. El plan prevé la
inversión, en el lapso de cuatro años, de 40 millones de pesos
aportados mayoritariamente por el sector petroquímico y el sector
agroexportador destinados al "fortalecimiento de la identidad
sociocultural portuaria y la mejora de la calidad de vida de los
whitenses". En promedio, 10 millones de pesos anuales que, comparados con
los 3.503 millones de dólares exportados en 2010 a través de este
puerto (aproximadamente 14.012 millones de pesos tomando en cuenta la cotización de aquel momento), equivalen al 0,71 % del dinero movilizado en Ingeniero White sólo en
aquel año. (17)
6. JUEGO DE LA COPA Y LEY DEL EMBUDO
Si la privatización y ampliación del Polo y la llegada de las
trasnacionales de agronegocios se dieron en un contexto de franca retracción
del Estado, o de franca acción del Estado en función de desarticular muchas de
sus funciones anteriores, la actividad del complejo portuario local
coincide, de 2003 a esta parte, con un periodo en el que el gobierno nacional
vuelve a concebir al sector estatal como un agente activo tanto del desarrollo
económico como de la distribución social de la riqueza. Pongamos entonces
el panorama hasta aquí expuesto en perspectiva con el horizonte más amplio de
la nación.
Este es un listado de las 30 empresas que en Argentina más exportaron
durante el ya mencionado año 2009:
Cargill, Bunge, Repsol YPF, LDC, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Nidera, Siderca, Vicentin, Pan American Energy, AC Toepfer, Minera La Alumbrera, ADM, Asociación Cooperativas Argentinas, Toyota, Oleaginosa Moreno, Noble Argentina, Ford, Wolkswagen, Peugeot-Cirtroen, Petrobras, Aluar, Dow Arg., Compañía Mega, Mercedez Benz, Fiat, Minera Arg. Gold, Shell, Esso e Iveco.
Siete cerealeras, siete automotrices, cinco aceiteras, cinco petroleras, dos petroquímicas, dos mineras y dos siderúrgicas "se quedaron en un año con 41.136 millones de dólares, el 73,9% de los 55.669 millones que ingresan por exportaciones.” (18) De las 30, al menos 9 forman parte del complejo industrial de Bahía Blanca: 5 cerealeras y 4 petroquímicas. En el conjunto, es crucial la importancia de las compañías de capital transnacional: “Entre las 500 empresas más grandes del país, 292 son extranjeras. Producen el 75% del total, obtienen el 86,6% de las utilidades totales, generan el 56,4% del empleo, invierten el 81,5% y exportan el 77,9% del total.” (19) También es importante tener en cuenta el tipo de actividad que desarrollan: 21 de las 30 empresas mencionadas, entre ellas, las 9 presentes en Ingeniero White, desarrollan actividades de tipo primario extractivo.
Lo que estos indicadores insinúan es que, así como el capital transnacional concentrado en el sector primario motorizó durante la última década el crecimiento récord de la economía argentina, también preserva un importante poder de mando sobre ella, financiando pero al mismo tiempo limitando tanto el desarrollo de una industria nacional diversificada y a su vez integrada en cadenas de valor, como las medidas destinadas a reducir la desigualdad social que distinguen positivamente al ciclo kirchnerista de gobiernos anteriores. Profunda es la brecha que separa a la distribución empresarial de la distribución social de la riqueza. El Estado se presenta como el puente capaz de salvar dicho abismo, desempeñando un rol sin duda más activo en relación a épocas previas, pero bajo la convicción o, dadas las relaciones de fuerzas y los juegos de alianzas, el condicionamiento de sostener e incluso ampliar una matriz productiva instalada justamente durante la última década de siglo anterior. (20)
Cargill, Bunge, Repsol YPF, LDC, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Nidera, Siderca, Vicentin, Pan American Energy, AC Toepfer, Minera La Alumbrera, ADM, Asociación Cooperativas Argentinas, Toyota, Oleaginosa Moreno, Noble Argentina, Ford, Wolkswagen, Peugeot-Cirtroen, Petrobras, Aluar, Dow Arg., Compañía Mega, Mercedez Benz, Fiat, Minera Arg. Gold, Shell, Esso e Iveco.
Siete cerealeras, siete automotrices, cinco aceiteras, cinco petroleras, dos petroquímicas, dos mineras y dos siderúrgicas "se quedaron en un año con 41.136 millones de dólares, el 73,9% de los 55.669 millones que ingresan por exportaciones.” (18) De las 30, al menos 9 forman parte del complejo industrial de Bahía Blanca: 5 cerealeras y 4 petroquímicas. En el conjunto, es crucial la importancia de las compañías de capital transnacional: “Entre las 500 empresas más grandes del país, 292 son extranjeras. Producen el 75% del total, obtienen el 86,6% de las utilidades totales, generan el 56,4% del empleo, invierten el 81,5% y exportan el 77,9% del total.” (19) También es importante tener en cuenta el tipo de actividad que desarrollan: 21 de las 30 empresas mencionadas, entre ellas, las 9 presentes en Ingeniero White, desarrollan actividades de tipo primario extractivo.
Lo que estos indicadores insinúan es que, así como el capital transnacional concentrado en el sector primario motorizó durante la última década el crecimiento récord de la economía argentina, también preserva un importante poder de mando sobre ella, financiando pero al mismo tiempo limitando tanto el desarrollo de una industria nacional diversificada y a su vez integrada en cadenas de valor, como las medidas destinadas a reducir la desigualdad social que distinguen positivamente al ciclo kirchnerista de gobiernos anteriores. Profunda es la brecha que separa a la distribución empresarial de la distribución social de la riqueza. El Estado se presenta como el puente capaz de salvar dicho abismo, desempeñando un rol sin duda más activo en relación a épocas previas, pero bajo la convicción o, dadas las relaciones de fuerzas y los juegos de alianzas, el condicionamiento de sostener e incluso ampliar una matriz productiva instalada justamente durante la última década de siglo anterior. (20)
Los puertos son nodos claves en este paradigma de producción que abarca,
con matices, a buena parte de Sudamérica, y que se caracteriza por la inserción
internacional de los países de la región como proveedores de materias primas a
través de la explotación intensiva de sus “recursos naturales” (monocultivo de soja transgénica,
megamineria, explotación petrolera, depredación pesquera), el desarrollo de "entramados
productivos" débilmente anclados a las comunidades locales, y un impacto
socioambiental no menor sobre las mismas. (21) Sucesos que marcan el presente
de la ciudad, como los proyectos de extensión del dragado de la ría y del
sector industrial hacia la zona de Cerri o la llegada a puerto de la minera
Vale, no pueden entenderse, creemos, al margen de dicho contexto.
Así como los defensores del neoliberalismo solían representar a
principios de los noventa la distribución "espontánea" de la riqueza
a cargo del mercado a través de la imagen de una copa que, una vez llena, se
derramaba sobre el conjunto de la sociedad, las políticas de atención de las
demandas y de atenuación de los conflictos en la zona de Ingeniero White
durante la última década, tal vez podrían figurarse bajo la forma de un embudo que es agitado
de vez en cuando. Un embudo es una copa sin base, una copa agujereada, imposible
de llenar, a través de la que las riquezas se escurren sin volcarse. La
tarea compensatoria consistiría en sacudir con más o menos fuerza ese embudo,
para que el mayor número posible de gotas salpiquen, cuidando al mismo tiempo
que nada rompa o dificulte el funcionamiento del mecanismo.
Ante este panorama, resulta difícil postular continuidades o rupturas
netas entre lo que en este lugar sucede hoy y lo que sucedía hace diez o quince. Difícil,
también, sacar conclusiones tajantes acerca de lo que los cambios y permanencias
registradas en dicho lapso supondrán a futuro. En este puerto, los acontecimientos
del pasado reciente nos sugieren que las continuidades mantenidas a rajatabla
pueden derivar en conflictos generados “de abajo hacia arriba”, así como ciertos
cambios, promovidos a tiempo “de arriba hacia abajo”, han resultado útiles para
prolongar, e incluso profundizar, el orden en marcha. Allí donde “neoextractivismo” y
“neodesarrollismo” entrelazan sus lógicas, los procesos se complejizan. Esta
es, desde luego, una historia con final abierto.
Notas
(1) 21 de septiembre de 2012 y 30 de diciembre de 2011,
y antes: 5 de agosto de 2011, 16 de febrero de 2010.
(3) "En términos de relaciones económicas, la
globalización planteó una nueva división internacional del trabajo que acentuó
aún más las asimetrías entre los países centrales y periféricos. Así, se trata
de una tendencia de los países del norte a desplazar fuera de sus fronteras las
primeras fases de la actividad extractiva que abarca incluso las primeras
etapas de los procesos, privilegiando el medio ambiente local pero a costa de
un mayor deterioro del medio ambiente global, y particularmente de los países
del sur cuyos territorios son utilizados como fuente de recursos y sumidero de
residuos (Naredo, 56).
En consecuencia, la actual etapa expresa una demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas o de bienes de consumo, lo cual aparece reflejado en la consolidación de una matriz productiva de corte extractivista, basada en la sobre-explotación de recursos naturales y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como 'improductivos': la megaminería a cielo abierto, la privatización de tierras, la construcción de grandes represas, el boom de los agro-negocios basados en los transgénicos y la siembra directa, los proyectos de infraestructura previstos por el IIRSA y los llamados biocombustibles, ilustran a cabalidad esta nueva división territorial y global del trabajo entre el Norte y el Sur en el contexto del capitalismo actual, que repercute en una “desigual distribución de los conflictos ecológicos” (Martínez Alier: 2004) y territoriales. (…)
Lejos de cualquier linealidad, este escenario va instalando a los diferentes gobiernos latinoamericanos, y muy particularmente a aquellos que se consideran de centro izquierda y de izquierda, frente a nuevas tensiones y conflictos, por no decir verdaderos dilemas y contradicciones visibles en la colisión incipiente entre, por un lado, las luchas por la defensa de la tierra y el territorio, en nombre de los “bienes comunes”; y por otro lado, el afianzamiento de matrices productivas, orientadas al mercado externo, en nombre de un discurso neodesarrollista, con base extractivista."
Svampa, Maristella y Sola Alvarez, Marian "Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: los marcos de la discusión en la Argentina", en: Ecuador Debate, n 79, Quito, pp. 105-126. En línea: http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo49.pdf
En consecuencia, la actual etapa expresa una demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas o de bienes de consumo, lo cual aparece reflejado en la consolidación de una matriz productiva de corte extractivista, basada en la sobre-explotación de recursos naturales y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como 'improductivos': la megaminería a cielo abierto, la privatización de tierras, la construcción de grandes represas, el boom de los agro-negocios basados en los transgénicos y la siembra directa, los proyectos de infraestructura previstos por el IIRSA y los llamados biocombustibles, ilustran a cabalidad esta nueva división territorial y global del trabajo entre el Norte y el Sur en el contexto del capitalismo actual, que repercute en una “desigual distribución de los conflictos ecológicos” (Martínez Alier: 2004) y territoriales. (…)
Lejos de cualquier linealidad, este escenario va instalando a los diferentes gobiernos latinoamericanos, y muy particularmente a aquellos que se consideran de centro izquierda y de izquierda, frente a nuevas tensiones y conflictos, por no decir verdaderos dilemas y contradicciones visibles en la colisión incipiente entre, por un lado, las luchas por la defensa de la tierra y el territorio, en nombre de los “bienes comunes”; y por otro lado, el afianzamiento de matrices productivas, orientadas al mercado externo, en nombre de un discurso neodesarrollista, con base extractivista."
Svampa, Maristella y Sola Alvarez, Marian "Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: los marcos de la discusión en la Argentina", en: Ecuador Debate, n 79, Quito, pp. 105-126. En línea: http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo49.pdf
(4) Suplemento especial “18 aniversario
del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca”, La Nueva Provincia,
Bahía Blanca, 1 de septiembre de 2011, pp.
14-15.
(5) Consorcio de Gestión del Puerto De
Bahía Blanca, [Estadísticas] “Tipo de productos y cantidad de buques
por terminal. Año 2011”. Disponible en línea: http://www.puertobahiablanca.com/.
(6) Centro Regional de Estudios
Económicos Bahía Blanca Argentina, “Aporte de las grandes empresas del complejo
industrial y portuario”, en: Indicadores de Actividad
Económica, n°113, Bahía Blanca, noviembre 2010, pp. 20-32.
Dentro de ese 85 % restante resulta preciso deducir lo que tributan las empresas agroexportadoras al Estado Nacional en concepto de retenciones. Pero vale aclarar que el monto que estas empresas liquidan al fisco recae sobre los productores agropecuarios. De allí se comprende que el conflicto con el gobierno por la Resolución 125 haya sido impulsado, en primer lugar, por los propios productores.
Dentro de ese 85 % restante resulta preciso deducir lo que tributan las empresas agroexportadoras al Estado Nacional en concepto de retenciones. Pero vale aclarar que el monto que estas empresas liquidan al fisco recae sobre los productores agropecuarios. De allí se comprende que el conflicto con el gobierno por la Resolución 125 haya sido impulsado, en primer lugar, por los propios productores.
(7) En esta sección consideramos, sin embargo, sólo
las cifras correspondientes a las empresas reunidas en la Asociación Industrial
Química de Bahía Blanca (AIQBB), es decir, Dow Argentina, Solvay Indupa,
Compañía Mega y Profertil, ya que la información de la que disponemos proviene
de un informe del CREEBBA encargado por la propia AIQBB en no se considera a TGS y Petrobras: CREEBBA
(Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca), "El sector
petroquímico durante 2009", en: Indicadores de la Actividad
Económica n 109, Bahía Blanca, marzo 2010, pp. 20-27.
(8) Dow Argentina, Departamento de Asuntos
Públicos, Balance de sustentabilidad 2009-2010, 2011.
(9) Tolcachier, Fabiana, "Historia del pueblo
de puerto. Ing. White", Ingeniero White, Museo del Puerto (mimeo).
(10) Odisio, Juan Carlos, "El complejo
petroquímico de Bahía Blanca: una historia sinuosa", en: Estudios Ibero
Americanos, v. XXXIV, n. 2, PUCRS, diciembre de 2008, pp. 114-129.
(11) Viego,
Valentina, “El desarrollo industrial en los territorios periféricos”,
EdiUNS, Bahía Blanca, 2004.
(12) Rajaduras en paredes y techos derivadas del
hundimiento de terrenos producido por el descenso de las napas de agua del
subsuelo ocurridos tras el asiento de estas grandes estructuras edilicias en el
frente costero de la ciudad.
(13) Heredia Chaz, Emilce “Las representaciones de
la Sustentabilidad en Noticias del Polo de la Asociación Industrial Química de
Bahía Blanca (2004-2008), en III Jornadas Hum.H.A., Departamento de
Humanidades, Área Historia del Arte, Universidad Nacional del Sur. Disponible
en línea: http://www.jornadashumha.com.ar/PDF/2009/Heredia%20Chaz.pdf
(14) Constituído en un inicio como "sala de conservación" gracias a la obtención de
un subsidio de la Fundación Antorchas por parte de la Asociación de Amigos del
Museo del Puerto en el año 2002, Ferrowhite se benefició de la ayuda
extraordinaria de dos contrapartes locales exigidas por la mencionada fundación
para concretar su aporte. Tales contrapartes fueron cubiertas en partes iguales
por la Municipalidad de Bahía Blanca y la empresa PBB Polisur (Dow Chemical, en la actualidad).
(15) A través de esta misma ley se crea también el
CCyM (Comité de Control y Monitoreo), integrado por representantes del gobierno
municipal, las empresas, las universidades locales, ONGs y sociedades de
fomento.
(16) “Cambiá la cabeza. Peluquería y debate”, ciclo
de encuentros con vecinos de Ingeniero White y barrios próximos al puerto
realizado en Ferrowhite (museo taller) entre mayo y diciembre de 2011.
(17) CREEBBA (Centro Regional de Estudios
Económicos de Bahía Blanca), “Una mirada de las exportaciones por Bahía Blanca
en 2010”en: Indicadores de actividad
económica n° 119. Disponible en línea: https://docs.google.com/file/d/0B4AAo_3Xvl49YTc1ZmJmMTAtOWRhMS00ZGY5LWI1ODktNTA5YjE4Y2JjYmJm/edit?pli=1
(18) Genoud, Diego y Rosales, Diego, “Reparto en el
purgatorio” en: revista Crisis, n°5,
Buenos Aires, junio/julio de 2011. Los datos citados en el artículos provienen
de un cuadro elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas en
base a cifras de la revista Prensa Económica.
(19) Genoud, Diego y Rosales, Diego, “Reparto en el
purgatorio” en: revista Crisis, n°5,
Buenos Aires, junio/julio de 2011. Estos números surgen de la Encuesta Nacional
a Grandes Empresas elaborada por el INDEC.
(20) Si, por un lado, la actividad extractivista
mantiene su importancia a pesar de los cambios políticos continentales hacia la
izquierda, por el otro, los gobiernos progresistas de la región han buscado,
con distinta suerte, modificar el esquema heredado de distribución de los
excedentes generados por dichas producciones. En nuestro país, el conflicto derivado del intento
por parte del gobierno nacional de incrementar en 2008 las retenciones al sector agropecuario es un
ejemplo de la dificultad que implica dicha tarea, en la medida en que involucra
no solo el interés de las trasnacionales, sino el de las elites locales asociadas a sus negocios. Por otra parte, la reestatización
de YPF a principios de 2012, sin que suponga, al menos en lo inmediato, una reducción de los
impactos negativos del “extractivismo”, resulta una medida que va contrapelo
del predominio de los capitales extranjeros sobre la propiedad y objetivos de gestión de dichas explotaciones.
(21) Gudynas "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el
progresismo sudamericano actual”, disponible en línea: http://es.scribd.com/doc/52945770/Diez-tesis-urgentes-sobre-el-nuevo-extractivismo-de-Gudynas
